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Lunes, 06 Noviembre 2017 10:50

La Plataforma 176 de Estepona envía una carta al Consejo General del Poder Judicial

Escrito por Prensa Plataforma 176 Estepona
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Superado un lustro, desde el verano de 2012, continúa la problemática de los 174 trabajadores despedidos en el ERE del Ayuntamiento de Estepona. Más de cinco años después estos despidos, "ordenados por el alcalde José María García Urbano", continúan con sus procesos judiciales a nivel individual, tras ser declarado procedente el juicio colectivo.

A la fecha actual, aún quedan pendientes más de un centenar de juicios, mientras los que se han celebrado en diferentes juzgados de lo Social de Málaga han tenido mismo resultado favorable al ayuntamiento, salvo dos de ellos que fueron declarados como despidos nulos y posteriormente fueron declarados procedentes en el TSJA, y en estos momentos están recurridos al Tribunal Supremo.

Esta unanimidad en el criterio de los jueces ha creado incertidumbre en los abogados y trabajadores despedidos que a través de la Plataforma 176 y Más, que aglutina a los desempleados municipales, han enviado una carta al Consejo General del Poder Judicial solicitando que “se adopten todas las decisiones necesarias para agilizar unas resoluciones judiciales que deben contribuir a confirmar que la justicia es justa y no sólo legal”.

Además, exponen en la carta que “Necesitamos tener la certeza de que nuestras situaciones particulares serán objeto de análisis y estudio por parte de los distintos magistrados que tendrán, a la postre, que aplicar la legislación laboral vigente. Es aquí, de ahí la existencia de este escrito, donde nos surgen muchísimas dudas e interrogantes a tenor de los primeros pronunciamientos que se han venido produciendo en las primeras vistas individuales”.

La unanimidad en los jueces ha provocado más desesperanza en estos trabajadores que más de cinco años después de sus despidos siguen esperando una solución.

Carta íntegra enviada al Consejo General del Poder Judicial

Desde el siglo XV, la justicia se representa con una mujer con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia sólo mira a las personas, es decir, que la justicia es igual para todos. La objetividad debe ser impuesta «sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad».

A esta tradicional representación de la justicia los miembros integrantes del colectivo que suscribe este escrito hemos, muy a nuestro pesar, de asignarle otro atributo más: el de ser sorda. Sorda por cuanto desde hace años, y de manera totalmente exasperante e incomprensible, viene desoyendo las quejas y lamentos de 174 empleados públicos que fueron objeto de un Expediente de Regulación de Empleo en el Ayuntamiento de Estepona.

En agosto de 2012 el Ayuntamiento de Estepona puso en marcha esta traumática decisión que no fue avalada por el Tribunal Supremo hasta noviembre de 2016. En este intervalo de tiempo nos encontramos con una resolución previa del TSJA, octubre del 2012, que fue anulada por el Tribunal Supremo, ya que en noviembre de 2014 dicho Tribunal ordenó repetir el juicio.  La Sala de lo Social del alto tribunal consideraba que el hecho de que se incumpliera la obligación de aportar una prueba en el juicio «no supone» que la misma quede anulada definitivamente. Resoluciones judiciales que se han venido eternizando en el tiempo, más de cuatro años para la sentencia definitiva al despido colectivo, tiempo que ha causado una honda mella y preocupación en decenas de personas que, por una decisión política, se vieron de la noche a la mañana privada de sus más básicos sustentos.

A todo ello hemos de añadirle el hecho de que ya se han iniciado los juicios individuales, en las distintas salas de lo Social de Málaga, y resueltos recursos en el TSJA, y NINGUNA sentencia es, hasta ahora, favorable a los trabajadores. Además estamos sufriendo retrasos y suspensiones incomprensibles. Podemos afirmar que, en el mejor de los casos, esta odisea de la que somos desgraciados protagonistas no finalizará hasta seis años después de haberse iniciado. Lejos de auto compadecernos queremos seguir apelando a la justicia.

Necesitamos tener la certeza de que nuestras situaciones particulares serán objeto de análisis y estudio por parte de los distintos magistrados que tendrán, a la postre, que aplicar la legislación laboral vigente. Es aquí, de ahí la existencia de este escrito, donde nos surgen muchísimas dudas e interrogantes a tenor de los primeros pronunciamientos que se han venido produciendo en las primeras vistas individuales.

A modo de ejemplo, por considerarlo bastante ilustrativo, hemos de hacer mención al hecho de que en el ERE colectivo llevado a cabo en el Ayuntamiento se apreció como criterio objetivo la antigüedad prestada en el Consistorio y en sus empresas municipales. Pues de manera sorprendente el propio Ayuntamiento obvió el periodo trabajado por algunos de los empleados afectados en las sociedades pertenecientes al Consistorio en el periodo 95-99. Pese a que este asunto ha sido esgrimido en las apelaciones, de manera sorprendente, ni tan siquiera ha sido objeto de controversia ya que directamente ha sido omitido en las consideraciones y, por tanto, habrá de ser sustanciado en los correspondientes recursos.

Desde el respeto, nos preguntamos, ¿cuándo va a finalizar esta pesadilla?, ¿cómo pueden obviarse elementos que forman parte de las pretensiones iniciales de las demandas?, ¿cómo puede derivarse siempre toda la responsabilidad a los órganos judiciales superiores para que sean ellos los que terminen impartiendo sentencia en vía de recurso? Desde el convencimiento más absoluto de que no todas las tesis sostenidas por el Ayuntamiento en sus fundamentaciones jurídicas son ciertas y que, por tanto, éstas no pueden ser automáticamente asumidas por las distintas salas de lo social, nuestro ruego encarecido es, que desde este órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, se ejerzan  funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.

Pedimos también, que se adopten todas las decisiones necesarias para agilizar unas resoluciones judiciales que deben contribuir a confirmar que la justicia es justa y no sólo legal. En la honda convicción de que es necesario velar por los procedimientos aún pendientes e incursos en demoras insufribles, recursos, etc.,  y que sin duda,  una mayor presencia y supervisión contribuirán a evitar temores, sospechas e infundios, y que después de este periplo,  deseamos y necesitamos reconciliarnos con la justicia.  

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