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Lunes, 06 Noviembre 2017 16:16

Podemos: Landaluce toma represalias contra los funcionarios adscritos a los grupo después de acatar la orden del Juez

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El equipo de Gobierno del Partido Popular (PP) ha tomado hoy la decisión de impedir que los funcionarios con funciones de asesoramiento especial sigan prestando servicio a los grupos municipales.

Esta decisión del PP es un ataque político a Algeciras Sí Se Puede (ASSP), ya que se adopta como consecuencia directa de la orden judicial que obligaba al alcalde, José Ignacio Landaluce, a dar respuesta a la reclamación de documentación pública de la formación morada.

El PP ha comunicado su decisión en la comisión de reglamento municipal celebrada esta mañana, con la intención de aprobarla en el próximo Pleno. La medida se ampara en una supuesta “necesidad imperiosa de contar con personal cualificado”, con la que esconde su verdadera justificación, una represalia política por la función de asesoramiento que ha permitido que ASSP realice una labor de fiscalización durante meses, solicitando por vía administrativa documentación que nunca se proporcionaba, y que ha culminado con la orden judicial “urgente” que ha obligado a Landaluce a entregar la documentación pública al grupo municipal, auspiciado por Podemos.

La medida adoptada por el PP es una maniobra caciquil y represiva, que lo que pretende es bloquear la capacidad de ASSP de seguir fiscalizando el trabajo municipal, y que modifica en la mitad del mandato el reglamento que ellos mismos aprobaron para facilitar la adscripción de funcionarios municipales a los grupos políticos de la Corporación.

Documentación

El grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede recibió el pasado viernes la documentación que había sido reclamada durante meses y que, ha sido como consecuencia de una resolución judicial, cuando ha sido proporcionada por el equipo de Gobierno. Así consta en los propios documentos, en los que se comunica: “en relación con la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras, en el procedimiento de derechos fundamentales, adjunto le remito documental referida”.

Esta documentación, que ya obra en poder del grupo municipal de ASSP, está siendo analizada con el objetivo de responder de forma minuciosa a los motivos que provocaron su solicitud. Una vez haya sido realizado este trabajo, se dará a conocer de forma pública a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Algeciras, para arrojar luz democrática sobre aspectos que deben ser de dominio público y que el PP se ha esforzado por ocultar.

Este bloqueo político de la información pública queda demostrado en la propia documentación recibida. En ella se refleja, por ejemplo, cómo ASSP pidió el informe de no afección del arroyo Cachón por las obras de Grupo SAM el pasado 18 de abril y que esta solicitud quedó en la mesa de la responsable política, la concejal Eva Pajares, hasta el 23 de agosto. Es decir, la solicitud de información ha estado cuatro meses en la mesa de la responsable política, sin que esta le diera salida para su tramitación por parte de funcionarios del Ayuntamiento, un hecho que demuestra por sí solo la posición antidemocrática e ilegal que el PP ha tomado en relación al derecho de sus ciudadanos y ciudadanas a estar informados.

El argumento esgrimido por Landaluce de que la solicitud de información satura el trabajo de los funcionarios queda también en evidencia en esta documentación, no sólo porque se ha demostrado que el bloqueo era político y no técnico, sino porque, en el momento en el que el juez les ha obligado a entregar la documentación, lo han hecho sólo en el plazo de siete días.

Hay que recordar que, por ejemplo, el delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, dijo en Pleno que tardaría un año en poder entregar las facturas de los proveedores municipales, y estas han sido entregadas en sólo siete días una vez que ha sido un juez el que lo ha exigido.

ASSP está estudiando qué tipo de medida adoptar como consecuencia de la decisión del PP de suprimirle la adscripción de funcionarios con cualificación de asesoramiento especial, habida cuenta de que se trata de una decisión política tomada como una evidente represalia por la labor de oposición que ha desembocado en una vergonzosa orden judicial que ha retratado el carácter antidemocrático de Landaluce y su equipo de Gobierno. 

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