En el caso del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, con fecha 25 de marzo de 2015 el pleno de la Corporación solicitó acogerse a este Fondo de Ordenación, en función del real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, solicitud que fue aprobada por parte de la Secretaria de Estado de Coordinación Autonómica y Local del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante resolución de fecha 8 de mayo de 2015, por la que se autorizaba al Ayuntamiento a suscribir operaciones a largo plazo para atender a los vencimientos de préstamos, así como a las posibles retenciones aplicadas en la Participación en los Ingresos del Estado por deudas impagadas de los préstamos del Plan de Pago a proveedores.

Una vez autorizada la adscripción al Fondo de Ordenación, la inclusión de los vencimientos anuales de las operaciones ya incluidas en éste se prorroga anualmente de forma automática, por lo que el Ayuntamiento tiene que aprobar la suscripción de la operación de préstamo concreta derivada de los vencimientos de las operaciones ya incluidas en el Fondo de Ordenación 2018.

El importe máximo autorizado para vencimientos de préstamos y retenciones sobre la PIE en este año es de 9,9 millones de euros, de los que 7.580.075,48 euros se corresponden con las posibles retenciones que se podrían producir por la PIE, hecho éste que en el caso del Ayuntamiento de La Línea se estima que no se producirán durante este ejercicio, 1.456.503,31 euros con los vencimientos de las operaciones financieras vigentes refinanciadas, y 866.809,98 euros a los vencimientos de las operaciones derivadas del Plan de Pago a Proveedores.

Según los datos del departamento de Intervención, la situación económica del Ayuntamiento permite no tener que disponer en su totalidad del préstamo, ya que realmente únicamente sería necesaria la cantidad de 2.323.313,29 euros que resulta de sumar el pago de las operaciones financieras vigentes refinanciadas y los vencimientos derivados del Plan de Pago a Proveedores. El resto quedará como no dispuesto a fecha 31 de diciembre de 2018.