Romero ha destacado que “este caso ha sido una vergonzosa y lamentable ‘caza de brujas’ con el objetivo de desprestigiar y manchar la trayectoria política de mi compañera y su brillante gestión al frente de la delegación de Turismo. Me acusaron de trato de favor”, apuntó.

El alcalde ha señalado que “el PSOE que llegó a decir que me había saltado la ley a la torera cada vez que daba la gana y que me reía de la ciudadanía en su cara por ese supuesto trato de favor que denunciaron. Si a los dirigentes del PSOE que presentaron la denuncia les queda algo de dignidad política y personal, deberían pedir perdón y si no lo hacen deben de presentar su dimisión”.

“De nuevo la oposición ha buscado desprestigiar a mi compañera Isabel Calvente con mentiras y engaños con el único objetivo de manchar la imagen de este equipo de gobierno y la del propio municipio. Este tipo de sentencias nos hace seguir confiando en la justicia y que tarde o temprano nos va dando la razón y pone las cosas en su sitio”, apunta el alcalde.

El primer edil ha apuntado que “este caso ha sido ejemplar y el departamento de Disciplina Urbanística que puso en marcha este equipo de gobierno funciona y hace bien su trabajo, el claro ejemplo es el cumplimiento de la norma para todos, sea Concejal o no, en otros tiempos no ocurría así”.

“Este equipo de gobierno ha aplicado la ley y no ha realizado ningún trato de favor; la prueba es que se ha cumplido con la norma en este caso, otros mientras gobernaban y que ahora se dan golpes en el pecho no pueden decir los mismo. Es una barbaridad criticar e insultar cuando ni siquiera se había terminado el procedimiento. Eso denota el desconocimiento de la ley de algunos concejales de la oposición. El respeto es algo que tiene que ser mutuo, pero como se ha demostrado en varias ocasiones hay ciertas personas que no entienden esta palabra y creen que tienen licencia para manchar la imagen de una concejal o del alcalde.”, matizó Romero.

CASO PÉRGOLA DE MADERA

El caso del porche de la residencia de la concejala se ha prolongado durante más de dos años. La denuncia efectuada por la Policía Local a requerimiento de un vecino, se produjo el 16 de septiembre de 2014 por una supuesta infracción de las ordenanzas fiscales y la legislación vigente en materia de disciplina urbanística por levantar en el patio delantero de su vivienda “una estructura de pérgolas de madera con cubierta”, sin al parecer, solicitar la correspondiente licencia.

A raíz de dicha denuncia, el arquitecto municipal emitió un informe, firmado el 7 de noviembre de 2014, en el que ratifica otro informe anterior redactado por la Oficina Técnica de Urbanismo y en el que deja claro que la construcción llevada a cabo en el porche del domicilio de la edil andalucista no cumplía con la licencia otorgada. Lo curioso de este asunto es que la edil solicitó y fue concedida licencia de obras por parte del anterior alcalde Juan Montedeoca, si bien existían discrepancias sobre las obras que se permitían sobre la citada licencia.

Ello motivó una propuesta de resolución del jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, de fecha 11 de noviembre de 2014, en la que se considera como no legalizable la obra. Romero asumió dicha propuesta mediante un decreto firmado dos días más tarde, ordenando la demolición inmediata de la misma.

El 27 de noviembre de 2014 Calvente solicitó una ampliación del plazo para entregar la documentación que justificase la obra y que responsabilizaba a su marido, como propietario. En marzo de 2015 el cónyuge de la concejala andalucista presentó el proyecto de la obra revisado por un arquitecto colegiado, a fin de intentar obtener su legalización.

Sin embargo, el 27 de abril de 2015, ante los informes desfavorables de los técnicos, la Junta de Gobierno Local, presidida por Romero, denegó el permiso para el mantenimiento del porche techado en el patio delantero de la casa de la concejal.

El 20 de mayo el alcalde firmó un nuevo decreto en el que se ordenó “la reposición de la realidad física alterada”, en un plazo no superior a dos meses, y se advierte de la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento.

En junio de 2016 el PSOE de Los Barrios llevó el caso a Fiscalía alegando un posible trato de favor a la concejala por este asunto, ya que el Consistorio no impuso ninguna de las posibles multas ya que el caso estaba pendiente del estudio de un recurso de reposición del propietario.

En septiembre de 2018 el Juzgado de Instrucción Nº2 de Algeciras ha archivado la causa.