El Partido Popular llevará al próximo pleno de noviembre una moción instando a la Junta de Andalucía a la modificación normativa de la ayuda a domicilio, actualmente el servicio de ayuda a domicilio es de titularidad pública y su organización es competencia de las Corporaciones Locales que pueden gestionarlo de forma directa o indirecta , correspondiendo su financiación en el supuesto de las personas que lo tengan reconocido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, a la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y las propias personas usuarias del mismo.

Esta financiación se realiza a través de los convenios de colaboración entre Administración Autonómica y Corporaciones Locales mayores de 20000 habitantes, como es el caso de nuestro municipio y en base regulado en la Orden, además estos convenios establecen que los Ayuntamientos prestarán el servicio de ayuda a domicilio en su ámbito territorial y que la Consejería lo financia estableciendo el pago por adelantado de manera que se disfrute de una garantía en el servicio.

En los últimos años el ingreso nunca se ha producido, llegando la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a acumular deudas millonarias con las Corporaciones Locales y alcanzando hasta los 10 meses de demora, sin embargo en virtud del convenio cabe la posibilidad de generar crédito presupuestario mes a mes en la partida correspondiente para así amparar los pagos, aunque la deuda genere problemas de liquidez.

Ahora la Junta ha modificado la Orden del 15 de noviembre del 2007 con la Orden de 28 de Junio del 2017 , cambiando sustancialmente el sistema de pagos a los Ayuntamientos, obligándolos a adelantar el dinero y tengan suficiencia presupuestaria anual, generando una nueva carga a los Ayuntamientos que en el caso del nuestro bastante poca salud financiera mantiene.

Gil añade “la Junta de Andalucía realiza  recortes a las personas que más lo necesitan cuando establece el precio por hora y limita a un máximo pero sin embargo no establece un mínimo, despreocupándose  por la calidad del servicio y de las condiciones laborales de las personas que lo desarrollan”.