Tras varias reuniones para recabar toda la información sobre la situación de estas trabajadoras -la mayoría, mujeres- el grupo provincial llevará esta propuesta porque “creemos en el rescate de los servicios públicos y, porque a pesar de que en 2015 la Diputación aprobó un programa de seguimiento y control del funcionamiento del SAD, las condiciones laborales de las trabajadoras han quedado en segundo plano, tal y como nos temíamos”.

En este sentido, Aguilera recordó que “el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) constituye un pilar fundamental para garantizar derechos fundamentales a las personas en situación de dependencia y se trata de uno de los programas más demandados, con 76.351 personas que cuentan con este servicio en Andalucía”. Esto tiene un correlato en la generación de empleo, pues “sostiene en la actualidad más de 18.000 puestos de trabajo en Andalucía”. La parlamentaria andaluza recordó que según se recoge en la Orden de 28 de junio de 2017, el SAD es de titularidad pública, pudiendo gestionarse de forma directa o indirecta.

Pero, la mayoría ha optado por hacerlo de forma indirecta, a través de empresas privadas. “Esta opción no solo ha supuesto una precarización del servicio sino también de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector. Ambas quedan a merced de la empresa que preste el servicio en cada municipio, de forma que la realidad que nos encontramos es que no es un servicio no homogéneo, ni en la atención a las personas usuarias ni en las condiciones laborales de las trabajadoras, teniendo como resultado que se vulnera un derecho fundamental en función del municipio y de la empresa que corresponda”, concretó Garrón.

Es por ello que Adelante Cádiz solicitará instar a la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz a la creación de una comisión de estudio, con el fin de caminar hacia la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de esta Diputación en los municipios de menos 20.000 habitantes, con representación de todas las partes implicadas. En concreto, la primera convocatoria de esa comisión de estudio debe realizarse en un plazo de entre 3-6 meses, al tiempo que se facilitará a los ayuntamientos el asesoramiento y estímulo necesario para que el servicio sea prestado desde las entidades locales mediante gestión directa, con la implementación de un sistema de bonificaciones económicas que promueva dicho modelo de gestión frente a la gestión indirecta.

De igual forma, se va a solicitar a la Junta de Gobierno de la Diputación modificar el ‘Programa para el Seguimiento y Control del Funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio’ aprobado en el Pleno de la Diputación de Cádiz en sesión ordinaria celebrada el 21 de Octubre de 2015, con el fin de actualizarlo según las demandas de las personas empleadas del sector.

Por un lado, mejorando los mecanismos existentes en cuanto al cumplimiento de los servicios prestados y, por otro, ante la carencia de los mismos, creando los necesarios para garantizarlos y resolver los problemas que puedan surgir, incluidos los relacionados con las condiciones laborales de las trabajadoras, de cara a proteger sus derechos frente a los incumplimientos de las empresas, así como a dotar a la administración de mecanismos para poder intervenir en caso necesario.

Dicha modificación debe ser trasladada al Pleno ordinario en un plazo máximo de tres meses, convocando previamente a una representación de las trabajadoras a una reunión de trabajo con tal fin, pudiendo asistir al menos un diputado o diputada de cada grupo político.

Y finalmente, Adelante Cádiz pedirá al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan en cuenta las demandas de las trabajadoras de ayudas a domicilio en lo referente a la mejora de sus condiciones laborales y la regulación de la Ayuda a Domicilio como servicio público, atendiendo especialmente a la necesidad de garantizar las ayudas técnicas necesarias para desempeñar su trabajo, de elaborar un plan específico de riesgos laborales en el sector reconociendo las enfermedades asociadas a su puesto de trabajo y los riesgos a los que se exponen, de establecer un precio por hora de trabajo de referencia que garantice un salario y un servicio de calidad en todos los municipios como forma de cohesión territorial y desde el reconocimiento de la ayuda a domicilio como derecho, de clarificar las tareas que realizan y de articular protocolos y mecanismos de actuación para resolver situaciones de conflicto entre trabajadoras - personas en situación de dependencia – familiares, empresas y administraciones, así como a regular el acceso a la información acerca de los usuarios para garantizar la salud e integridad física de las trabajadoras.