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El alcalde, concejales, sindicatos y profesionales sanitarios muestran su repulsa ante las amenazas a una médica del centro de salud de Los Barrios Destacado

By Prensa Ayuntamiento de Los Barrios Noviembre 15, 2018 767

LOS BARRIOS.- El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha asistido este mediodía junto a la delegada de Salud, Carmen Roldán, a la concentración a las puertas del Centro de Salud de Los Barrios convocada por el sindicato CSIF tras la agresión verbal, con amenazas e intimidación a una médica, que sufrió hace unos días por parte de un paciente y un familiar.

Profesionales, sindicatos, ediles de la corporación y vecinos de la localidad han mostrado este jueves su "más rotunda" condena por estos hechos.

A esta concentración también han acudido otros ediles del equipo de gobierno como Sara Lobato, Elena Andrades, José Gómez y el concejal del PP, David Gil.

La delegada del CSIF en la comarca, Virginia Palmero, ha destacado que “los profesionales no se merecen ser tratados así. Estas amenazas fueron contra una doctora del centro de salud porque el paciente no quiso esperar su turno, pretendió ser atendido antes. Cuando se le atendió no estaba de acuerdo con el tratamiento y profirió insultos y amenazas. Pedimos que se cumplan los protocolos del SAS para estos casos y hacemos una petición para que la Junta haga una labor de concienciación social para hacer ver a la ciudadana la gran labor que desarrollan los profesionales sanitarios”.

Por su parte, la concejal de Sanidad, Carmen Roldán, ha señalado que “`hemos venido a apoyar la gran labor de los profesionales sanitarios de nuestro pueblo, reivindicar que esto no vuelva a suceder y solicitar a la Junta de Andalucía a que extremen las medidas de seguridad en los centros de salud. Estos profesionales se encuentran indefensos ante personas que vengan con malas intenciones. Es necesaria que en los centros de salud como el de Los Barrios la Junta ponga vigilancia privada para evitar estos hechos tan desagradables”.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene recogida en el Código Penal como delito de atentado contra la autoridad, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.

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