Tras las indagaciones realizadas por el Presidente de USB, Raimundo Pérez, se ha podido comprobar que la instalación de al menos una de las cámaras de vídeo carece de expediente administrativo previo, es decir, que se han instalado tras unas “indebidas  instrucciones políticas”, obviándose la legislación a la que están sometidas este tipo de instalaciones.

Todo ello, supondría la nulidad y la inmediata retirada de las cámaras afectadas, así como, la eliminación de las imágenes que se hayan podido grabar y almacenar ilegalmente, al margen de las responsabilidades en que pudieren incurrir quienes han dado las instrucciones verbales para su instalación, llegándose a poner en riesgo las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente el derecho al honor e intimidad personal y familiar de los ciudadanos barreños y trabajadores.

El pasado 14 de septiembre, el Presidente de USB solicitó acceso al expediente administrativo de la instalación de Cámaras de videovigilancia en la Jefatura de la Policía Local de Los Barrios y a día de hoy no se le ha facilitado información alguna, cuestión normal en este Ayuntamiento ante la falta de transparencia existente, según argumentan fuentes del sindicato denunciante.

Desde USB somos conocedores de la afición del Alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, a grabar desde el móvil las conversaciones con los empleados públicos para luego usarlas en su contra, pero, hasta la fecha, desconocíamos la faceta o el interés en que se capturen imágenes de trabajadores o ciudadanos que hacen uso de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local o bien pasean por la zona peatonal exterior. A día de hoy desconocemos el tratamiento que se le están dando a estas imágenes, pues la información facilitada es nula y la falta de transparencia es absoluta

El sindicato USB muestra su preocupación por la instalación de un sistema de videovigilancia en la Jefatura de la Policía Local de Los Barrios que está fuera de los cauces legales y que también afecta al dominio público, al abarcar la cámara instalada el exterior del edificio, pudiendo ser capturadas las imágenes sin el consentimiento de los ciudadanos barreños y de los empleados públicos que hacen uso de las instalaciones municipales y la vía pública.

Para determinados casos de instalación de sistemas de videovigilancia fijos es necesaria la autorización de la Delegación del Gobierno, así lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 4/1997, pero lo más grave es que una de las cámaras instaladas en la Jefatura de la Policía Local está totalmente huérfana de un expediente administrativo, es decir, que no existe soporte documental alguno que avale la instalación de la misma y que las grabaciones se estén permitiendo con el beneplácito del Jefe de la Policía Local y algunos políticos del Equipo de Gobierno.

Pérez, Presidente de USB, considera inadmisible la instalación de videocámaras en la entrada de la Policía Local dado que la finalidad de vigilancia se puede obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resultan menos intrusivos para la intimidad de las personas, de hecho en la propia puerta de entrada ya se instaló un sistema de apertura con cámara para que el trabajador que controla el acceso sepa en todo momento quien quiere acceder a las dependencias.

Por todo ello, USB pide el apoyo de los partidos de la oposición, para que se interesen en el Pleno del próximo lunes por los expedientes administrativos de todas las videocámaras que se han instalado en los Edificios Públicos, tanto en sus interiores como exteriores y, en concreto, por los informes de legalidad del proceso de autorización de las cámaras fijas de videovigilancia que este tipo de instalaciones requiere según la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución y desarrollo de dicha Ley, así como lo concerniente a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, respecto a la creación de ficheros de carácter personal y su inscripción en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, ya que cabe la posibilidad de que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en más casos.